POR JORGE SANTIBÁÑEZ
ESPECIAL PARA LA TIMES EN ESPAÑOL
AGOSTO 10, 2021 7:36 PM PT

Hace unos días, el gobierno mexicano presentó en una corte federal de Massachusetts una demanda en contra de los principales fabricantes de armas en Estados Unidos. La acusación es por facilitar el flujo de armas hacia los cárteles de la droga en México y se menciona que 70% de las armas confiscadas a organizaciones criminales en México son fabricadas en EE.UU.

Como pruebas que sustentan la demanda, el gobierno mexicano menciona que estos fabricantes recurren a estrategias para atraer a grupos criminales, por ejemplo, llamando a algunos de sus modelos con nombres mexicanos o recurriendo a figuras históricas como Emiliano Zapata.

Por muchas razones es muy difícil que esta demanda tenga éxito y el gobierno mexicano lo sabe. Los fabricantes de armas son organizaciones muy protegidas por leyes estadounidenses, con una muy alta capacidad de cabildeo en el congreso y no hay nada ilegal en que una pistola se llame Emiliano Zapata.

Además, es una demanda que llevaría mucho tiempo y la continuidad no es una de las mayores virtudes de la administración pública mexicana. El próximo gobierno mexicano o el siguiente, seguramente la archivarán como una ocurrencia más. Los familiares de una masacre en una escuela primaria de Connecticut en 2012 que demandaron al fabricante de las armas que usó el asesino de 20 niños y 8 adultos (incluido el asesino), 9 años después lo único que han obtenido es la oferta del fabricante de una indemnización por 33 millones de dólares motivada más por el daño a su marca que porque la demanda tenga alguna posibilidad de éxito.

Culpar solo a los fabricantes de armas es una salida demasiado fácil. Con esa lógica igual se podía demandar a los fabricantes de camionetas Suburban o Bronco que también, en un alto porcentaje, son usadas por cárteles al cometer sus delitos o acusar a José Alfredo Jiménez de ser el causante del alcoholismo.

La demanda es éticamente correcta. Claro que los fabricantes de armas tienen una responsabilidad y por supuesto que saben que muchas de sus armas son compradas y usadas por organizaciones criminales, pero quien no gobierna el territorio donde estas armas transitan o peor aún, quien no enfrenta a estas organizaciones, tiene una responsabilidad mayor.

¿Qué busca entonces el gobierno mexicano al presentar una demanda larga, en otro país y con casi nulas probabilidades de ganar? Se trata sin duda una estrategia que hay que analizar en el terreno político.

El presidente mexicano ya se dio cuenta que sus estrategias para enfrentar a los cárteles de la droga han sido inútiles, reconocer que se equivocó o que sus acciones y programas no sirven, no está en su código genético. Para lo que AMLO es muy bueno, es para encontrar culpables o incluso para construirlos y para distraer a la sociedad mexicana de la falta de soluciones a sus verdaderos problemas. Los fabricantes de armas encajan perfecto en esta lógica. El canciller mexicano lo dice con toda claridad: “estas armas están íntimamente vinculadas con la violencia que se vive hoy en México”.

Se derivan además ganancias políticas adicionales.

El tema aparecerá cíclicamente en las conferencias de AMLO de cada mañana. Le permitirá envolverse en la bandera nacional porque los culpables están en otro país, se pone del lado de Biden en algo y por fin el canciller mexicano encuentra un tema, dentro de sus atribuciones, que lo aleja de los reflectores que lo responsabilizan del accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. No lo convierte en el preferido del presidente, pero por lo menos lo mantiene vivo políticamente.

Tiene también riesgos para México. Los fabricantes de armas poseen una enorme capacidad de cabildeo en Estados Unidos. Igual en los medios de comunicación, pero particularmente en el congreso y en algunos gobiernos estatales. Tanta que, a pesar del número de asesinatos y masacres, las leyes siguen siendo esencialmente las mismas y el acceso a armas de alto poder e incluso su portación es relativamente sencilla. Por todos esos congresistas pasarán legislaciones que tienen que ver con México en temas tan diversos como el T-MEC, reformas migratorias, recursos para México, cuestiones ambientales, particularmente en el sector energético y gestión de la frontera.

Por último, lo que menos conviene a México es estar en medio de un pleito, por el tema que sea, entre demócratas y republicanos. No vaya a ser que nos metamos entre las patas del caballo.

Jorge Santibáñez es presidente de Mexa Institute