Mucho se ha escrito acerca de los migrantes centroamericanos, esencialmente de Honduras y El Salvador, quienes transitan por México para desplazarse hacia Estados Unidos. La atención está puesta sobre ellos en gran medida porque el presidente Donald Trump, en el contexto de la elección de medio término, los ha utilizado como instrumento para atacar a los demócratas, presentando a la caravana como una invasión de delincuentes, situación que hay que defender en las urnas.

Más allá del oportunismo electoral del presidente estadounidense, debemos reconocer que México tiene una enorme responsabilidad en la conformación de dicha caravana, quizá la mayor. Veamos porqué.

La caravana no promueve la salida de centroamericanos hacia Estados Unidos. Las condiciones de salida, de expulsión de miles de personas están ahí desde hace muchos años. De manera destacada, la violencia, inseguridad y falta de oportunidades tienen décadas en Honduras o el Salvador.

Los integrantes de la caravana tienen claro que deben abandonar su país desde hace mucho. Sin embargo, se debaten entre sufrir la violencia en sus lugares de origen o durante su recorrido por México. Por eso la caravana les ofrece la posibilidad de transitar por nuestro país de manera relativamente segura. Si el paso fuera seguro, no tendrían ninguna necesidad de hacerlo en caravanas y su salida ocurriría, como fue en algún tiempo, en pequeños grupos.

Durante décadas se ha documentado los abusos de los que son sujeto lo migrantes centroamericanos en México. Las jóvenes, ante la certeza de que serán violadas, un mes antes de la partida, empiezan a tomar anticonceptivos; los migrantes dejan el dinero que requieren para el desplazamiento con sus familiares, con el encargo de que se los envíen poco a poco, porque saben que serán asaltados y temen que les roben todo lo que han ahorrado o lo que sus familiares en Estados Unidos les han enviado. Y podríamos contar muchas más historias similares.

La peor parte de este asunto es que en esas vejaciones participan, de forma directa, por complicidad u omisión, autoridades de instituciones mexicanas, particularmente del Instituto Nacional de Migración (INM). Solo hay que preguntarle a los migrantes. Después de las Maras, a quien más temen los migrantes es a los agentes del INM, que con frecuencia se asocian o se dividen el territorio con las Maras.

Se dice que la caravana está “organizada” por alguien. Por supuesto que lo está, pero las condiciones para migrar o huir son auténticas y la necesidad de hacerlo en grupo para evitar a las autoridades mexicanas y sus abusos son reales. No se trata de acarreados a quienes se les pagó por migrar.

El tema se complica porque tensa la relación con Estados Unidos. Nuestro vecino exige un papel más activo del gobierno mexicano. A la administración que concluye se le ocurrió enviar a la Policía Federal, alimentando así la percepción que Trump quiere transmitir a los electores de que se trata de delincuentes; además no pudieron contener a la caravana. Por su parte, al gobierno que viene se le ocurrió declarar que habrá empleo en México para todos los miembros de la caravana. Ambos, esencialmente se doblegan ante Trump y tratan de asegurarle que la caravana permanecerá en México.

Adicionalmente se declara pomposamente que el eje rector de la política migratoria del nuevo gobierno será el respeto a los derechos humanos, sin decir cómo, lo cual no tranquiliza a ningún migrante centroamericano. Exactamente lo mismo han declarado los últimos 10 titulares del INM. Ni modo que dijeran otra cosa.

*Director y fundador de Mexa Institute, organización que estudia a las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Fue Presidente de El Colegio de la Frontera Norte y tiene más de 25 años de experiencia en el estudio de la migración.